Aquí os dejamos un enlace a la entrevista de Mariel Maciá solo teneís que clicar encima de dicho enlace.
ENTREVISTA A MARIEL MACIÁ
miércoles, 15 de julio de 2009
viernes, 3 de julio de 2009
El Tribunal Superior de Nueva Delhi despenaliza las relaciones homosexuales
Celebración Miembros de asociaciones homosexuales en Chennai (India), el domingo. Foto: EFE
La ley, vigente desde hacía 148 años, podía conllevar un castigo de 10 años de prisión
MAR JUNCAS
NUEVA DELHI
El Tribunal Superior de Nueva Delhi dictaminó ayer el fin de la penalización de las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo en una sentencia histórica para la India democrática y de progreso. Este polémico artículo 377 es una antigua ley colonial británica que tipificaba como delito la homosexualidad –en concreto, «los actos sexuales contra natura»– desde hacía 148 años. «Cualquier tipo de discriminación es la antítesis de la igualdad», razonó la corte.
Sin saber que en pocos días su condición no volvería a resultar una acción delictiva, miles de activistas se congregaron el pasado domingo con motivo del día del orgullo gay en las principales ciudades del subcontinente indio. Era el segundo año que el desfile se celebraba en la India, un país de mayorías conservadoras, religiosas y analfabetas. El año pasado no fue conocido el trayecto de Nueva Delhi hasta minutos antes de su inicio por temores a represalias policiales.
Cambio de mentalidad
Las principales ciudades del país volvieron ayer a ver el simbólico arco iris ondear entre celebraciones emocionadas tras años de discriminaciones e injusticias. Unas 200 personas se volcaron a celebrar la noticia en la ciudad sureña de Bangalore. Sumathi, una lesbiana y activista de Sangama, una organización de derechos humanos para las minorías sexuales, aseguraba desde el lugar de la fiesta que «este es el primer paso hacia la igualdad, que debe venir acompañado de un cambio de mentalidad general que conllevará mucho trabajo».
Entre los presentes resaltaba la presencia y desparpajo de Sneha, una joven transexual: «Hoy es un gran día. Me gustaría agradecer al juez su decisión, pero la calle es dura y cruel, y el estigma contra nosotros no se esfumará hoy», decía la exuberante transexual, que ya sueña con casarse con su novio de toda la vida y obtener su pasaporte. Una ley para lo que aún deberá esperar.
De momento, la sentencia del Tribunal Superior estará vigente hasta que el Gobierno enmiende la ley que se opuso revisar en el 2004. El fallo en sí mismo no deroga el artículo del código penal, competencia que recae en el Parlamento, pero sí sienta jurisprudencia respecto a la penalización de la homosexualidad. Un delito que podía acarrear 10 años de prisión y una multa.
Representantes cercanos a las religiones coexistentes ya han mostrado su descontento con la resolución. Como el imán de la gran mezquita de Delhi, que ha declarado a medios locales que es «absolutamente erróneo legalizar la homosexualidad». « Nosotros no aceptaremos la ley aunque el Gobierno lo haga», añadió. Menos tajante ha sido el padre Dominic Immanuel, que en nombre de la archidiócesis católica de la capital ha declarado no oponerse a la despenalización pero sí a su legalización
miércoles, 1 de julio de 2009
Vergüenza debiera darles: “Modernidad democrática” y represión homofóbica en RD
Denise Paiewonsky -28 de junio 2009
Desde que en el 2001 se realizó la primera celebración del Orgullo Gay y Lésbico en nuestro país, las autoridades han negado, objetado y/o retrasado todos los permisos para su celebración formal que les han sido solicitado por organizaciones LGBT. Esta actitud arbitraria e injustificada de las autoridades obligó a sustituir las marchas y concentraciones por pequeñas reuniones informales en espacios recreativos, actividad que no requiere ningún tipo de permiso de las autoridades.
Pero resulta que en nuestra moderna democracia tampoco esto se permite. En el 2005, la reunión informal convocada en el Boulevard de la 27 fue objeto de un operativo policial; al Bar Fritos Verdes, que hacía de punto focal de la reunión, se le amenazó para que no abriera sus puertas y poco después fue clausurado definitiva y arbitrariamente por la fiscalía. Además de divulgar ilegalmente los nombres de las personas arrestadas esa noche –muchas de las cuales perdieron de inmediato sus empleos-, el fiscal calificó de “inmorales” a los participantes, no porque realizaran ninguna actividad reñida con la ley sino por el simple hecho de SER gays o lesbianas (pueden ver una reseña de lo acontecido y las declaraciones del fiscal Hernández Peguero en http://www.amigossiempreamigos.org/fiscalia.htm).
Eventos similares han ocurrido desde entonces en torno a la fecha del Orgullo y este año no ha sido la excepción. Tras negarle a la Iglesia Metropolitana el permiso solicitado para realizar una liturgia conmemorativa en el Parque Duarte la noche del sábado 27 (anoche), las autoridades procedieron a realizar otro aparatoso operativo policial, rodeando el parque de agentes de la Policía Nacional y de Politur y de vehículos policiales con las luces de emergencia encendidas, mientras agentes uniformados sacaban fotografías de los asistentes con el claro propósito de amedrentarlos. Todo esto para impedir que un reducido grupo de gays y lesbianas, en su mayoría habitués del parque los fines de semana, se reunieran a tomarse unas cervezas en conmemoración del Día del Orgullo. Esta es la democracia que nos gastamos.
Los comportamientos antidemocráticos y autoritarios de Interior y Policía y de Politur no son hechos aislados, sino que reflejan la actitud de las autoridades a todos los niveles del Estado. Es la actitud que encuentran las transexuales cuando llegan lastimadas a las Emergencias de los hospitales públicos (las más de las veces a causa de agresiones homofóbicas) y el personal de salud se niega a atenderlas o, en mejor de los casos, las somete a las más brutales humillaciones antes de hacerlo.
Es la actitud que manifiestan las autoridades judiciales cada vez que decretan el cierre arbitrario de algún bar gay, quizás porque estaba localizado en la Zona Colonial y ofendía las sensibilidades homofóbicas del Cardenal, o quizás porque el gobernador provincial se creía con derecho a decretar unilateralmente su cierre (como amenazó con hacer el Gobernador de Santiago cuando el bar Skrupulos anunció la realización de un concurso de belleza gay, una actividad privada, celebrada a puertas cerradas y que no violaba ninguna ley. Recuérdese que este bar, como la mayoría de los establecimientos LGBT, ya había sido cerrado anteriormente a instancias de autoridades de la Secretaría de Cultura de Santiago).
La misma actitud homofóbica y discriminatoria fue puesta de manifiesto por la Comisión de Juristas que elaboró la propuesta de Reforma Constitucional, cuando excluyó la orientación sexual de las protecciones establecidas en el Art. 29, que originalmente rezaba: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.
Para que no quede duda de la intencionalidad expresa y aviesa de dicha omisión por parte tanto de los autores del texto original como de la Asamblea Revisora , considérese que cuando las organizaciones LGBT presentaron en vistas públicas una propuesta para incorporar orientación sexual, discapacidad y edad a dicho artículo, los distinguidos miembros de la Asamblea decidieron incluir los dos últimos factores pero no la orientación sexual, que quedó definitivamente excluida del actual Art. 10.
De manera similar, esas mismas autoridades aprobaron el Art. 44 que también de manera expresa y aviesa excluye a las personas del mismo sexo del derecho a contraer matrimonio y a formar familia. Alguien que explique cómo es que en un país donde todas las personas “serán iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, sin discriminación”, sólo los heterosexuales podrán disfrutar de los derechos y beneficios que otorga el matrimonio civil, mientras las parejas del mismo sexo seguirán invisibilizadas y sometidas a innumerables formas de discriminación.
El catálogo de violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía LGBT no tiene fin. En magnitud y crueldad solo se compara al de la población de origen haitiano, con quien se disputa el título de grupo social más despreciado, estigmatizado y discriminado del país.
¿A qué autoridad acudir cuando te despiden injustamente del trabajo, te botan del liceo, te niegan el alquiler de una vivienda, te arrestan sin razón alguna, te agraden en la calle, etc., si las mismas autoridades supuestas a defender tus derechos ciudadanos entienden que toda persona gay o lesbiana es, por definición, inmoral? ¿Cuando estas mismas autoridades incluyen la homosexualidad lado a lado con la prostitución, el consumo de drogas y otras formas de delincuencia a combatir? ¿Cuando los encargados de hacer valer las garantías constitucionales de igualdad no acaban de entender que las personas LGBT tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano?
¿A quién acudir cuando las máximas autoridades civiles y religiosas del país, las que con tanto ahínco defienden el derecho a la vida de los embriones, permanecen mudas e indiferentes ante los crímenes homofóbicos que con tanta frecuencia ocurren en el país y que la Policía Nacional se muestra tan misteriosamente incapaz de resolver?
Los abanderados de la democracia y de la modernidad no deben olvidar que en nuestro país existen personas que, más que ser considerados ciudadanos de segunda categoría, ni siquiera son considerados ciudadanos, porque no son vistos ni tratados como portadores de derechos. Hoy Día Internacional del Orgullo LGBT, es buen momento para reconocer esta injusticia y empezar a remediarla.
Desde que en el 2001 se realizó la primera celebración del Orgullo Gay y Lésbico en nuestro país, las autoridades han negado, objetado y/o retrasado todos los permisos para su celebración formal que les han sido solicitado por organizaciones LGBT. Esta actitud arbitraria e injustificada de las autoridades obligó a sustituir las marchas y concentraciones por pequeñas reuniones informales en espacios recreativos, actividad que no requiere ningún tipo de permiso de las autoridades.
Pero resulta que en nuestra moderna democracia tampoco esto se permite. En el 2005, la reunión informal convocada en el Boulevard de la 27 fue objeto de un operativo policial; al Bar Fritos Verdes, que hacía de punto focal de la reunión, se le amenazó para que no abriera sus puertas y poco después fue clausurado definitiva y arbitrariamente por la fiscalía. Además de divulgar ilegalmente los nombres de las personas arrestadas esa noche –muchas de las cuales perdieron de inmediato sus empleos-, el fiscal calificó de “inmorales” a los participantes, no porque realizaran ninguna actividad reñida con la ley sino por el simple hecho de SER gays o lesbianas (pueden ver una reseña de lo acontecido y las declaraciones del fiscal Hernández Peguero en http://www.amigossiempreamigos.org/fiscalia.htm).
Eventos similares han ocurrido desde entonces en torno a la fecha del Orgullo y este año no ha sido la excepción. Tras negarle a la Iglesia Metropolitana el permiso solicitado para realizar una liturgia conmemorativa en el Parque Duarte la noche del sábado 27 (anoche), las autoridades procedieron a realizar otro aparatoso operativo policial, rodeando el parque de agentes de la Policía Nacional y de Politur y de vehículos policiales con las luces de emergencia encendidas, mientras agentes uniformados sacaban fotografías de los asistentes con el claro propósito de amedrentarlos. Todo esto para impedir que un reducido grupo de gays y lesbianas, en su mayoría habitués del parque los fines de semana, se reunieran a tomarse unas cervezas en conmemoración del Día del Orgullo. Esta es la democracia que nos gastamos.
Los comportamientos antidemocráticos y autoritarios de Interior y Policía y de Politur no son hechos aislados, sino que reflejan la actitud de las autoridades a todos los niveles del Estado. Es la actitud que encuentran las transexuales cuando llegan lastimadas a las Emergencias de los hospitales públicos (las más de las veces a causa de agresiones homofóbicas) y el personal de salud se niega a atenderlas o, en mejor de los casos, las somete a las más brutales humillaciones antes de hacerlo.
Es la actitud que manifiestan las autoridades judiciales cada vez que decretan el cierre arbitrario de algún bar gay, quizás porque estaba localizado en la Zona Colonial y ofendía las sensibilidades homofóbicas del Cardenal, o quizás porque el gobernador provincial se creía con derecho a decretar unilateralmente su cierre (como amenazó con hacer el Gobernador de Santiago cuando el bar Skrupulos anunció la realización de un concurso de belleza gay, una actividad privada, celebrada a puertas cerradas y que no violaba ninguna ley. Recuérdese que este bar, como la mayoría de los establecimientos LGBT, ya había sido cerrado anteriormente a instancias de autoridades de la Secretaría de Cultura de Santiago).
La misma actitud homofóbica y discriminatoria fue puesta de manifiesto por la Comisión de Juristas que elaboró la propuesta de Reforma Constitucional, cuando excluyó la orientación sexual de las protecciones establecidas en el Art. 29, que originalmente rezaba: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.
Para que no quede duda de la intencionalidad expresa y aviesa de dicha omisión por parte tanto de los autores del texto original como de la Asamblea Revisora , considérese que cuando las organizaciones LGBT presentaron en vistas públicas una propuesta para incorporar orientación sexual, discapacidad y edad a dicho artículo, los distinguidos miembros de la Asamblea decidieron incluir los dos últimos factores pero no la orientación sexual, que quedó definitivamente excluida del actual Art. 10.
De manera similar, esas mismas autoridades aprobaron el Art. 44 que también de manera expresa y aviesa excluye a las personas del mismo sexo del derecho a contraer matrimonio y a formar familia. Alguien que explique cómo es que en un país donde todas las personas “serán iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, sin discriminación”, sólo los heterosexuales podrán disfrutar de los derechos y beneficios que otorga el matrimonio civil, mientras las parejas del mismo sexo seguirán invisibilizadas y sometidas a innumerables formas de discriminación.
El catálogo de violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía LGBT no tiene fin. En magnitud y crueldad solo se compara al de la población de origen haitiano, con quien se disputa el título de grupo social más despreciado, estigmatizado y discriminado del país.
¿A qué autoridad acudir cuando te despiden injustamente del trabajo, te botan del liceo, te niegan el alquiler de una vivienda, te arrestan sin razón alguna, te agraden en la calle, etc., si las mismas autoridades supuestas a defender tus derechos ciudadanos entienden que toda persona gay o lesbiana es, por definición, inmoral? ¿Cuando estas mismas autoridades incluyen la homosexualidad lado a lado con la prostitución, el consumo de drogas y otras formas de delincuencia a combatir? ¿Cuando los encargados de hacer valer las garantías constitucionales de igualdad no acaban de entender que las personas LGBT tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano?
¿A quién acudir cuando las máximas autoridades civiles y religiosas del país, las que con tanto ahínco defienden el derecho a la vida de los embriones, permanecen mudas e indiferentes ante los crímenes homofóbicos que con tanta frecuencia ocurren en el país y que la Policía Nacional se muestra tan misteriosamente incapaz de resolver?
Los abanderados de la democracia y de la modernidad no deben olvidar que en nuestro país existen personas que, más que ser considerados ciudadanos de segunda categoría, ni siquiera son considerados ciudadanos, porque no son vistos ni tratados como portadores de derechos. Hoy Día Internacional del Orgullo LGBT, es buen momento para reconocer esta injusticia y empezar a remediarla.
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